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25 de Junio de 2001

LSSI y la libertad en Internet

A finales de abril, el boletín Kriptópolis, dedicado a temas de seguridad de redes, lanzó una nueva campaña. Tras la buena acogida de sus anteriores esfuerzos, uno de los cuales fue objeto de un artículo en este mismo periódico, decidió tomar como diana el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (en adelante LSSI). Esta ley es la adaptación española a la directiva europea sobre comercio electrónico, que debe aprobarse antes del 17 de enero del 2002.

Kriptópolis denunció la LSSI como la "sentencia de muerte para la Internet libre". La ley "implanta la censura previa en Internet", "eliminando de un plumazo el anonimato, la discrepancia y la libertad de expresión". Kriptópolis llamó a la barricadas en la lucha en "la tercera guerra mundial" contra el "fascismo digital".

Tras el evidente sensacionalismo de la denuncia, se ocultaban análisis bastante acertados sobre los peligros del anteproyecto. El principal consiste en que una ley que quiere regular el comercio electrónico, clasifica dentro de su definición de "servicio de la sociedad de la información" a prácticamente toda página web publicada por españoles, ya esté el servidor que la aloja dentro o fuera de nuestras fronteras. Por otro lado, da facultades a la Administración, y no sólo a las autoridades judiciales, para intervenir en caso de que se viole algún derecho fundamental en esas páginas. Es evidente el peligro que puede correr la Internet española en caso de aprobarse este anteproyecto. Cualquier publicación digital podría ser cerrada por el gobierno, y sólo tras un largo tránsito por el lento sistema judicial español podría renacer.

El anteproyecto incluye más cosas, desde luego, algunas incluso positivas. Entre ellas se encuentra la prohibición del "spam", o correo electrónico con fines publicitarios no solicitado; un logro largo tiempo perseguido por la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). Sin embargo, también añade nuevas trabas burocráticas obligando a todo prestador de servicios de Internet a registrarse en la administración - conviene recordar la amplitud en la definición de prestador de servicios - y las cuantías de las multas son anormalmente altas.

La denuncia alcanzó un eco inmediato en la red, sorprendiendo en fuera de juego a la AI, asociación que tradicionalmente ha ostentado la representatividad del movimiento internauta. Resultaba extraño que no se hubiera dado cuenta de las implicaciones del anteproyecto y, de hecho, su primera reacción fue demostrar su sorpresa y convocar una reunión con representantes del ministerio y de Kriptópolis para estudiar la verdad de la denuncia. Tras esa reunión, Kriptópolis decidió oponerse a cualquier intento de legislación específica de Internet, ya que según su opinión eso crearía una suerte de "ghetto digital". La AI, en cambio, decidió elaborar una propuesta alternativa que eliminara los problemas ya mencionados y mantuviera las ventajas.

Durante todo este jaleo, en las diversas comunidades y foros de opinión de la red se cargaban casi más las tintas contra la AI que contra el gobierno. Acusaciones que iban desde tibieza a colaboracionismo surcaban la red, destruyendo en buena parte el crédito que la AI se había ganado durante los últimos años luchando por una tarifa plana accesible y el derecho de acceder a la red. Especialmente agresivo ha resultado el periódico digital ibrujula.com, movido quizá por las críticas que realizó en el pasado la asociación al propietario actual del mismo.

Finalmente presentaron una propuesta que eliminaba todos los problemas denunciados por Kriptópolis. La AUI también presentaba sus modificaciones, bastante más discutibles. Sin embargo, este boletín definía, sin analizarlas, estas propuestas como "dos caras de una misma moneda: un vano intento de aliñar el alimento envenenado que nos sirve el Ministerio, para que nos resulte a todos un poco más digerible".

Tras una encuesta dirigida a sus socios, que aprobaron la postura de diálogo, la AI decide seguir mejorando su propuesta y, finalmente, se reúne con el ministerio, que parece aceptar casi todas sus tesis. A la hora de escribir este artículo, el único mal que parece continuar es la existencia del registro, aunque ahora sólo afectará a empresas que realmente se dediquen al comercio electrónico.

Sin embargo, Kriptópolis seguía cargando las tintas contra el principio de acuerdo. Hablaba de posibles "acuerdos secretos" entre la AI y el ministerio y continuaba con su vocabulario guerrillero declarando que "hoy más que nunca: no a la LSSI, sí a la libertad de Internet. No pasarán".

Cabe preguntarse porqué Kriptópolis ha provocado una división tan honda entre los internautas, que hasta ahora se habían presentado como un colectivo razonablemente unido en sus reivindicaciones. Hay muchas razones para sospechar de sus motivos. Pese a conocer todos los problemas hallados en el texto desde noviembre del año pasado, esperaron hasta abril para denunciarlos, una vez que tanto AI como AUI habían dado por bueno el anteproyecto. A pesar de ser muchos de sus miembros socios de la AI, no informaron antes a la asociación de sus hallazgos ni le comunicaron sus intenciones de montar la campaña. Por último, sus comunicados en relación a la campaña han promovido el enfrentamiento de la comunidad internauta con la AI.

Muchos han querido ver en esta actitud las intenciones del boletín en convertirse en el nuevo portavoz de los usuarios de Internet. Los escritos de algunos de sus miembros, de marcado carácter político, no han hecho sino aumentar ese temor. Temor, sí, porque con todas sus carencias y defectos, para defendernos siempre será mejor una asociación con crecientes mecanismos democráticos de control y actuación que tres editores de una publicación digital.

No obstante, fuera de la intencionalidad de sus autores, hay que decir que la campaña es justa. La red ha crecido y necesita leyes que la regulen, pues ya no puede hacerlo sola. Por tanto, la prioridad debe estar en los esfuerzos para que esas leyes hagan oficial los buenos usos y costumbres adquiridos en la red durante estos años, y no se metan donde no les llaman. En ese sentido, resulta mucho más preocupante los convenios de reconocimiento internacional de sentencias de la Convención de La Haya. ¿Qué futuro le cabría a la libertad de expresión si países como China pudieran condenar a sus disidentes por opiniones contenidas en sitios web extranjeros, y los países libres tuvieran que reconocer esa sentencia?