No es para tanto

25 de Noviembre de 2002

Algunos dudan de que esto de la revista de la Facultad sirva para algo. Yo, en cambio, no puedo sino estarle agradecido, pues a ella en buena parte debo la formación que me ha permitido ganarme parte de mis castañas como columnista informático en un medio generalista y digital. Llevo ya más de un año a un ritmo de columna y pico semanales, y aprender a escribir razonablemente rápido, razonablemente bien, me ha sido muy útil.

Hay cosas, en cambio, que no he aprendido aquí y que he tenido que empollarme con fruición estos meses. Una de ellas es la capacidad de leer leyes, algo que realmente sólo aconsejo a quien tenga que prepararse una oposición o a quien tenga que opinar sobre ellas. Y es que este año ha sido año de LSSI, y eso me ha obligado a leerme anteproyectos, propuestas de ley, la ley, las conclusiones sobre la misma del CGPJ, el voto particular en contra de ese organismo… un verdadero coñazo, la verdad.

Es posible que haya gente que, viendo a estas alturas de que trata realmente este artículo y que titulo tiene se esté ya tirando de los pelos. Pongamos las cosas claras desde el principio. La LSSI es una mala ley, pero no porque ponga en peligro las libertades civiles de nadie. Esa bandera que agitó Kriptópolis en su momento dejó de tener sentido tras algunas enmiendas del parlamento. La mención a la "autoridad competente", que aseguraban que permitía a un funcionario cerrar una web, fue aclarada en el texto de la ley, indicando que se requería que fuese judicial en el caso de afectar a derechos fundamentales, como es la libertad de expresión. En definitiva, esto deja a Internet en el mismo nivel que otros ámbitos. Un juez también puede cerrar un periódico, como todos sabemos por las andanzas del juez campeador.

Cuando eso desapareció del proyecto, siguieron quejándose pese a que su motivo había desaparecido, llegando a decir incluso que un enlace a Google podría traer responsabilidades al autor de la página. Todas esas elucubraciones las abandonaron cuando a instancias de las autoridades europeas se incluyó una enmienda que obliga a los proveedores a guardar los datos de tráfico de sus clientes durante un año.

En realidad, esto no pone en peligro las libertades de nadie, puesto que esos datos sólo pueden ser remitidos a un juez mientras se investigue un caso. No se van a dar al primero que pase. El verdadero problema no está ahí, sino en los costes añadidos que van a tener que soportar los proveedores. Como toda regulación, la LSSI tiene un coste, y esto favorece a las grandes empresas que pueden acometerlo con menos problemas que las pequeñas.

La intención de la ley es principalmente fiscal: quieren tener controlado a todo posible contribuyente, también en la red. Esto se intuye claramente cuando vemos que han cambiado casi todo desde su redacción inicial, menos los requisitos informativos que deben cumplir todos los que ganen dinero en Internet. Eso excluye a casi todas las web que han cerrado desde la entrada en vigor de la misma, aún cuando financien parte de su hospedaje con banners publicitarios, pues carecen del "ánimo de lucro", que según el Código Civil, debe regir toda "actividad económica" para ser llamada tal. Y los requisitos se exigen sólo en caso de realizar a cabo una actividad económica en la web.

Esta ley aporta cosas interesantes, como la prohibición del spam o la regulación de los contratos electrónicos. Tiene costes de consecuencias indeseables, que producirán el cierre de algunos pequeños proveedores. Pero nada más. Otra cosa es que llamar a la gran guerra digital contra el gobierno de derechas (que vuelve Franco, que vuelve Franco) venda mucho. Pero eso lo hacen algunos siempre, con una excusa u otra. Y esto no es pretexto válido.